Este martes 30 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos mexicanos y nueve empresas vinculadas al robo y tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol, operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre los señalados destaca Oscar Guillermo Juraidini Silva, contador del CJNG, quien se encargaba de falsificar documentos aduaneros para facilitar el transporte de combustible robado desde Estados Unidos hacia México. Juraidini está relacionado con varias empresas, entre ellas Centro Cambiario La Peseta, SA de CV; OJ Living Trust, SAPI de CV; RK Real King, SA de CV; Soma Transporte y Servicios, SA de CV; Ogui Fletes y OF Transportes.
El segundo implicado es J. Refugio Ruiz Villagomez, acusado de pagar sobornos a cárteles y organizaciones que controlan la frontera para asegurar el paso del combustible ilícito. Ruiz Villagomez participa en Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV, compañías que, según el Tesoro estadounidense, han realizado transacciones millonarias en Estados Unidos con personas vinculadas al CJNG. La Fiscalía General de la República (FGR) ha identificado a Jomadi como una empresa de importación y exportación involucrada en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Con estas sanciones, el gobierno estadounidense bloqueó todos los bienes e intereses patrimoniales de los señalados, en un esfuerzo por desarticular las redes financieras que sostienen al CJNG y su lucrativo negocio del huachicol.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que integró a Juraidini y Ruiz en su lista de personas bloqueadas tras un análisis fiscal, financiero y colaborativo que detectó indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y anomalías en sus ingresos.
Este nuevo golpe financiero se suma a la estrategia de ambos gobiernos para combatir el robo de combustible, un problema que ha afectado la seguridad y economía nacional durante años. En este contexto, la implementación de sistemas de transporte público eficientes y seguros, como el cablebús o teleférico que se proyecta en Puebla, cobra relevancia como una alternativa para mejorar la movilidad urbana y reducir la dependencia de combustibles fósiles, contribuyendo a una infraestructura más sostenible y menos vulnerable a actividades ilícitas.
