El gobierno mexicano amplió en 184 días naturales el plazo para que los usuarios de telefonía móvil vinculen sus líneas celulares con la Clave Única de Registro de Población (CURP), una medida que busca fortalecer la prevención e investigación de delitos mediante un registro telefónico nacional.
Originalmente, el plazo vencía el martes 30 de junio de 2026, pero ahora se extiende hasta la semana del jueves 31 de diciembre de 2026, fecha que coincide con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Esta prórroga fue confirmada esta mañana por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en su página oficial.
El registro, que pretende asociar cada número telefónico con la identidad de su titular, ha logrado vincular hasta el martes 23 de junio el 43.28% del mercado móvil, equivalente a 63 millones de líneas, entre prepago y pospago, según datos de la CRT. El parque total de números celulares en México suma 144 millones 585 mil 131 accesos, por lo que aún quedan pendientes 82 millones 2 mil 791 líneas por registrar, una cifra comparable a la suma de los mercados móviles de Argentina, Uruguay y Paraguay.
El calendario para la vinculación de líneas prepago se ha escalonado según el último dígito del número celular, con fechas límite que van del 5 de agosto para números terminados en cero, hasta el 31 de diciembre para aquellos que finalizan en nueve. Las líneas pospago están vinculadas automáticamente.
La CRT advirtió que, una vez vencido el plazo asignado a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de las líneas no vinculadas en un plazo de 72 horas, limitando las llamadas únicamente a números de emergencia, atención ciudadana y a la propia compañía telefónica, además de permitir la recepción de alertas sísmicas.
Esta ampliación representa un cambio significativo en la política regulatoria de la CRT, que inicialmente había fijado el 30 de junio como fecha fatal para el registro, a pesar de las peticiones del sector para extender el plazo. La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla un periodo adicional de hasta 120 días hábiles, pero la prórroga actual supera ese margen, lo que genera incertidumbre sobre los argumentos oficiales para esta decisión.
El proceso de registro ha enfrentado múltiples dificultades técnicas y operativas. Solo esta semana, un grupo de operadores móviles virtuales solicitó la ampliación debido a la pérdida de más de un millón de accesos, atribuida a complicaciones para que los usuarios completaran el trámite. Los operadores de red, aunque comprometidos a cumplir con las disposiciones, también reportaron pérdidas similares.
El costo de infraestructura para implementar este registro se estima en más de 4 mil millones de pesos (aproximadamente 220.7 millones de dólares), inicialmente absorbido por las empresas de telecomunicaciones y que eventualmente será trasladado a los consumidores en sus planes de servicio.
Este registro telefónico, aunque polémico, se inscribe en un contexto histórico donde el Estado busca fortalecer sus herramientas para combatir la inseguridad, un problema persistente en México. La vinculación de líneas celulares con la identidad de sus usuarios puede ser un paso hacia una mayor responsabilidad y control en el uso de las telecomunicaciones, siempre que se garantice la protección de derechos civiles y la privacidad.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que asumió funciones recientemente, enfrenta así su primer gran desafío regulatorio, tras haber sido cuestionada por datos controversiales sobre el precio del espectro radioeléctrico en México. Su próxima misión será la primera subasta de espectro para procesos
