Entre 2020 y 2024, el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) acumuló un desperdicio millonario: 18.4 millones de piezas de medicamentos, incluidos fármacos oncológicos, caducaron en un almacén de una empresa privada en el Estado de México, con un valor superior a 121 millones de pesos. Esta irregularidad fue documentada y denunciada por el entonces director del hospital, Adrián Chávez López, quien falleció el pasado 28 de mayo.
Chávez López solicitó un inventario detallado de los medicamentos resguardados por Distribuidora Disur SA de CV y, tras constatar la caducidad de los insumos, pidió su baja y destrucción, según documentos a los que tuvo acceso La Jornada. Sin embargo, esta problemática no fue incluida en el acta de entrega-recepción de la dirección del HIMFG en enero de 2024, cuando Jaime Nieto Zermeño dejó el cargo.
Durante esos años, padres de niños con cáncer atendidos en el hospital protagonizaron múltiples protestas y bloqueos, incluso en el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para denunciar el desabasto de medicamentos esenciales.
Además del desperdicio de medicamentos, Chávez López detectó irregularidades financieras graves: pagos indebidos de horas extras y por alto riesgo a comisionados sindicales, contratación injustificada de personal eventual y ejercicio discrecional del presupuesto para salarios, lo que afectó severamente las finanzas del nosocomio. Tras implementar medidas correctivas en 2025, la erogación por estos conceptos se redujo en más de 185 millones de pesos. No obstante, la dirigencia de la sección 84 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud solicitó mantener dichos pagos para “mantener la paz social y un entorno laboral favorable”, petición que fue rechazada por Chávez.
Para garantizar la continuidad de la transparencia y el combate a las irregularidades, alrededor de 200 trabajadores firmaron una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, entregada la semana pasada en Palacio Nacional, solicitando que la Junta de Gobierno designe a un director honesto que dé seguimiento al trabajo iniciado por Chávez López. Adriana Contreras, directora de Atención Ciudadana, respondió que se ha solicitado apoyo a las dependencias correspondientes para atender la solicitud y prometió seguimiento.
El inventario de medicamentos caducados incluye más de 600 tipos de fármacos, desde analgésicos y antibióticos hasta tratamientos de alta especialidad para enfermedades complejas. Entre ellos destacan 14 piezas de Busulfán para quimioterapia, con un costo de un millón de pesos; 2 mil 622 piezas de metotrexato por 751 mil pesos; y 901 frascos de Vincristina, valorados en 428 mil pesos.
También se destruyeron más de un millón de piezas de Tracolimus, utilizado para evitar el rechazo en trasplantes, con un costo de 4.4 millones de pesos. Otros medicamentos vencidos incluyen 498 frascos de Factor VIII para hemofilia (3.3 millones de pesos), 908 ampolletas de Alprostadil para cardiopatías congénitas (4.7 millones de pesos) y 840 piezas de Nitisinona para enfermedades poco frecuentes (5.8 millones de pesos).
Este caso evidencia no solo la falta de control en la gestión de insumos vitales para la salud pública, sino también la necesidad urgente de fortalecer mecanismos de vigilancia y transparencia en instituciones clave para garantizar el derecho a la salud, especialmente en un contexto donde la demanda de tratamientos especializados crece y la sociedad exige rendición de cuentas.
