Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, denunció este lunes 22 de junio de 2026 una clara violencia política de género por parte de la Fiscalía mexiquense, luego de que se le señalara de haber realizado un auto secuestro. La funcionaria aseguró que fue víctima real de privación ilegal de la libertad la noche del domingo 31 de mayo afuera de su domicilio y calificó las investigaciones en su contra como una persecución política.
En entrevista para el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, Nápoles afirmó: “De ser la víctima ahora yo soy la que formuló este delito… soy una mujer de valores y principios… lo acuso como una persecución política… violencia política de género en su máxima expresión… yo fui privada de mi libertad la noche del domingo 31 de mayo afuera de mi domicilio… por la última versión que emite la Fiscalía… estoy siendo investigada por este supuesto delito (auto secuestro)… es político, definitivamente la manera en que giró todo…”. La alcaldesa explicó que logró escapar tras poco más de una hora de cautiverio y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga su caso para garantizar una investigación imparcial.
Además, Nancy Nápoles negó categóricamente las acusaciones de un supuesto desfalco por 40 millones de pesos en el municipio, calificando esta versión como otra noticia falsa en su contra. “No existe ningún tipo de desfalco… el dinero está en el municipio”, aseguró, y añadió que durante el secuestro le exigieron un rescate por esa cantidad, el cual no fue pagado.
Respecto a la suspensión de sus derechos políticos por parte de Morena, la presidenta municipal comentó que ha tenido comunicación con Ariadna Montiel, pero hasta ahora no ha recibido confirmación oficial sobre dicha medida. Sobre su esposo, negó que esté prófugo y aclaró que ha declarado ante las autoridades cuando se le ha requerido; en contraste, señaló que quien sí está prófugo es el ex pareja de su hermana.
Este caso pone en evidencia la persistente violencia política de género que enfrentan mujeres en cargos públicos, especialmente en contextos donde la justicia puede ser utilizada como herramienta de presión política. La exigencia de Nancy Nápoles para que la FGR atraiga su caso refleja la necesidad de un Estado que garantice derechos y seguridad a las mujeres en la política, en un país donde la impunidad y la manipulación institucional siguen siendo retos fundamentales.
