El 18 de junio de 2026, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación con sede en el Estado de México confirmó por unanimidad la sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta Cisneros, acusado de secuestro y presunto líder de la banda de ‘Los Zodiaco’. Esta resolución refrenda la libertad que Vallarta obtuvo el 1 de agosto de 2025, tras permanecer casi dos décadas en prisión sin sentencia firme.
El caso de Israel Vallarta es uno de los más emblemáticos y controversiales en la historia judicial reciente de México. Detenido en diciembre de 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, fue acusado de secuestro y de encabezar una red criminal. La detención, transmitida en vivo por televisión, generó un escándalo nacional e internacional, pues semanas después se reveló que el operativo había sido un montaje, con irregularidades que comprometieron la validez de las pruebas.
La Fiscalía General de la República (FGR) apeló la absolución argumentando la gravedad del delito y la necesidad de proteger a las víctimas, pero el tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar la culpabilidad de Vallarta. Esta decisión judicial se suma a la liberación de Cassez en 2013, quien fue absuelta por violaciones a sus derechos humanos durante el proceso.
El caso no solo evidenció fallas estructurales en el sistema de justicia mexicano, sino que también desató un conflicto diplomático con Francia y puso en entredicho prácticas policiales y judiciales. En 2021, la detención por presunta tortura de exfuncionarios vinculados al caso, como Luis Cárdenas Palomino, exalto mando de la Secretaría de Seguridad, reforzó la percepción de corrupción y abuso de poder en la investigación original.
Al salir del penal del Altiplano en agosto de 2025, Vallarta declaró: “Siempre supe que fui inocente y eso fue lo que me mantuvo. La esperanza de que sabía que algún día iba a ser justicia. Que algún día se iba a ir a escuchar no con las mentiras”. Su absolución definitiva representa un llamado urgente a la revisión profunda de los procesos judiciales en México, donde la presunción de inocencia y los derechos humanos deben prevalecer frente a la presión mediática y política.
Este caso, además, pone en relieve la importancia de fortalecer mecanismos de justicia que garanticen transparencia y eviten la criminalización injusta, especialmente en delitos graves como el secuestro, donde la protección de las víctimas debe equilibrarse con la defensa de los derechos fundamentales de los acusados.
