La ministra Loretta Ortiz Ahlf, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se convirtió en blanco de burlas y críticas en redes sociales este jueves 18 de junio de 2026, tras una intervención en la que aseguró que los hoteles “all inclusive” no permiten el acceso a ciudadanos mexicanos y están destinados exclusivamente a extranjeros.
El comentario se produjo durante una sesión del máximo tribunal en la que se discutían temas relacionados con el acceso a playas, espacios turísticos y el aprovechamiento de bienes nacionales. Videos difundidos en plataformas como X y Facebook muestran que la ministra interpretó de manera literal el término “all inclusive”, común en la industria turística internacional, y afirmó que estos complejos hoteleros excluían a la población local.
Durante la sesión, una persona le acercó una nota manuscrita para explicarle el significado correcto de la expresión en inglés, que se refiere a un paquete que incluye hospedaje, alimentos, bebidas y otros servicios dentro de una tarifa única, sin importar la nacionalidad de los huéspedes.
El episodio se viralizó rápidamente, generando una ola de memes, comentarios irónicos y cuestionamientos sobre la preparación de algunos miembros de la Suprema Corte. La aclaración mediante una nota escrita en plena sesión fue especialmente señalada por usuarios que siguieron el debate en vivo.
Cabe destacar que México es uno de los principales destinos turísticos que ofrece hoteles “all inclusive”, especialmente en regiones como Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y Huatulco, donde tanto mexicanos como extranjeros acceden a estos servicios pagando la tarifa correspondiente.
Hasta el cierre de esta edición, la ministra Loretta Ortiz no ha emitido ninguna aclaración pública sobre las reacciones generadas por su declaración.
Este incidente ocurre en un contexto de creciente atención ciudadana hacia las sesiones de la nueva integración de la Suprema Corte, cuyas discusiones son transmitidas en vivo y observadas con mayor interés por la sociedad, evidenciando la importancia de la preparación y el conocimiento técnico en los debates que afectan derechos y políticas públicas.
