El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo el miércoles 3 de junio en Los Ángeles, California, a Enrique Martínez Chávez, uno de los militares implicados en la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en 2014. La información fue confirmada este jueves 4 de junio mediante un comunicado oficial en redes sociales.
Martínez Chávez, de 32 años, está acusado en México por el presunto delito de desaparición forzada de personas y se encontraba prófugo de la justicia desde hace varios años. ICE informó que el detenido permanecerá bajo su custodia “hasta que pueda ser enviado de regreso” a México.
El caso Ayotzinapa, que marcó un antes y un después en la percepción social sobre la violencia y la impunidad en México, sigue siendo un tema sensible y sin resolverse plenamente doce años después. La noche del 26 de septiembre de 2014, cuando Martínez Chávez aún era militar activo en el 27 Batallón de Infantería, 43 estudiantes desaparecieron tras un ataque atribuido al grupo criminal Guerreros Unidos. Desde entonces, la investigación ha estado envuelta en vacíos de información y múltiples teorías, con la sombra del narcotráfico siempre presente.
En agosto de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 83 órdenes de detención contra personas vinculadas al caso, entre ellas la de Martínez Chávez. Sin embargo, un mes después, en septiembre, la FGR canceló al menos 21 de esas órdenes, incluyendo la suya, según documentos obtenidos por EL PAÍS. En ese listado también figuraba Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala durante los hechos, acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Este episodio evidenció un conflicto interno entre la FGR y la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), que se encarga de la investigación. Fuentes cercanas señalaron que la solicitud de cancelar las órdenes no provino de esta unidad especializada.
El lento avance en la investigación ha sido motivo de reclamos constantes por parte de los familiares de los estudiantes desaparecidos. Hace tres meses, un juez ordenó a la Secretaría de Defensa entregar “la totalidad” de la información recabada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) sobre el caso, tras una demanda presentada en 2023 por los familiares, quienes denunciaron la negativa de las autoridades militares a proporcionar la documentación completa.
Este nuevo arresto en Estados Unidos representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, en un caso que ha expuesto las fallas estructurales en la investigación y la protección de derechos humanos en México. La colaboración internacional y la presión social siguen siendo fundamentales para avanzar en la verdad y la reparación del daño.
