La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) oficializó el pasado 28 de mayo, a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la prohibición del uso del colorante rojo 3, conocido como eritrosina, en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios de consumo diario en México. Esta medida responde a la evidencia científica que señala riesgos para la salud pública, entre ellos, la posible relación con el cáncer.
La decisión se fundamenta en una evaluación exhaustiva de Cofepris que detectó que la exposición promedio de la población mexicana a este aditivo supera el límite considerado seguro para el consumo humano. Según el análisis, la ingesta de eritrosina duplica la Ingesta Diaria Admisible (IDA), un parámetro internacional que establece la cantidad máxima que puede consumirse diariamente sin representar un riesgo significativo para la salud.
Aunque no existen estudios concluyentes que confirmen que el rojo 3 cause cáncer en humanos, investigaciones previas, como la realizada por Borzelleca en 1987, documentaron la aparición de tumores en ratas expuestas a esta sustancia. Ante esta evidencia y aplicando el principio precautorio en salud pública, las autoridades mexicanas optaron por eliminar gradualmente este colorante para proteger a la población.
El impacto de esta regulación será amplio, afectando productos comunes en la dieta mexicana, tales como helados, sorbetes, leches saborizadas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, productos de panificación, gomitas, caramelos, y alimentos elaborados a base de cereales, entre otros. La Secretaría de Salud otorgó un plazo de 24 meses para que las empresas adapten sus procesos productivos y sustituyan el eritrosina por alternativas seguras.
Este avance en la regulación sanitaria representa un paso significativo hacia la protección de la salud pública en México, en un contexto donde la vigilancia sobre aditivos alimentarios es crucial para evitar riesgos a largo plazo. La medida también refleja un compromiso del Estado para intervenir activamente en la regulación de productos que afectan directamente el bienestar de la población, un enfoque que debe fortalecerse para garantizar derechos civiles y sociales en materia de salud.
