A partir del viernes 9 de enero de 2026, México implementó el registro obligatorio de líneas celulares como parte de un esquema de control orientado a reforzar la seguridad y la verificación de identidad, con el objetivo de combatir los fraudes telefónicos. Sin embargo, a tan solo un mes de que finalice el periodo para cumplir con esta medida, la respuesta ciudadana ha sido mínima y pone en entredicho la efectividad de la estrategia.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que, de las aproximadamente 158 millones de líneas telefónicas existentes en el país, solo alrededor de 30 millones han sido registradas hasta el momento. Esto significa que menos del 30% de la población ha vinculado su línea desde el inicio del proyecto, dejando cerca de 128 millones de líneas sin registrar a un mes de que concluya el plazo.
De acuerdo con los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados en el Diario Oficial de la Federación, los proveedores de servicios deberán deshabilitar temporalmente aquellas líneas que no hayan sido vinculadas a un titular. Esta suspensión, que entrará en vigor a partir del 1° de julio de 2026, permitirá únicamente llamadas a números de emergencia como 911, 089 y 088, así como a líneas de soporte del operador. Es importante destacar que la suspensión del servicio no exime a los usuarios de sus obligaciones contractuales, por lo que deberán seguir pagando su plan o equipo, incluso si su línea permanece restringida.
A pesar de las consecuencias anunciadas, la población mexicana se mantiene escéptica ante el proceso, lo que se refleja en la baja tasa de colaboración. Esta resistencia ciudadana ha llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de extender el plazo de vinculación, aunque hasta ahora no se ha confirmado una prórroga oficial.
En respuesta a la apatía generalizada, la CRT ha lanzado una campaña nacional para incentivar el registro, enfocando sus esfuerzos en redes sociales, sitios oficiales del gobierno, operadores de telecomunicaciones y medios masivos, tanto estatales como comerciales. La estrategia de difusión también se ha extendido al transporte público, incluyendo el Metro y Metrobús, en un intento por alcanzar a la mayor cantidad posible de usuarios.
El bajo nivel de cumplimiento pone en evidencia el escepticismo de la sociedad mexicana frente a políticas de control estatal en materia de telecomunicaciones, y abre el debate sobre la eficacia de medidas que, aunque buscan fortalecer la seguridad, enfrentan la desconfianza y el rechazo de la ciudadanía.
