La Comisionada Estatal de Derechos Humanos de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, solicitó formalmente ingresar al penal de Ciudad Serdán para reunirse con Tania N., exmilitante del PRI y actual interna, acusada de nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y vinculada a un doble homicidio en la zona metropolitana de Puebla.
Sánchez Soya y Tania N. coinciden en una historia política compartida dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Puebla, donde ambas mantuvieron una relación de amistad. Tania N. fue suplente a la diputación local por el PRI de Delfina Pozos durante la campaña electoral más reciente, periodo en el que fue detenida bajo señalamientos de vínculos con el crimen organizado.
Utilizando su posición al frente de la Comisión de Derechos Humanos, Rosa Isela Sánchez Soya solicitó una reunión privada con Tania N. y otras internas, argumentando la necesidad de realizar entrevistas y revisión de expedientes. Esta petición fue dirigida tanto al área de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como mediante oficio, donde se especificó el interés de entrevistar también a otras reclusas, incluidas María Teresa C., Ana Belen Nayeli Karina G., Dulce María M., Brenda C., María Guadalupe L., Lilia M. y Estefani L.
El pretexto inicial para el ingreso al penal fue la entrega de medicamentos, aunque la solicitud se amplió para incluir encuentros privados y la participación de visitadores adjuntos de la Comisión. La reunión está programada, de acuerdo con fuentes consultadas, para el lunes 18 de mayo.
El caso resalta tensiones en torno al papel de las instancias de derechos humanos en el acompañamiento a personas privadas de la libertad, especialmente cuando existen lazos personales y políticos previos. En un contexto nacional donde la colusión entre política y crimen organizado ha erosionado la confianza pública en las instituciones, la transparencia y la rendición de cuentas resultan esenciales para garantizar la legitimidad de las acciones de autoridad.
La participación activa de organismos de derechos humanos en casos de alto perfil es fundamental para asegurar el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad, sin que ello implique un uso discrecional del cargo público. En este sentido, la supervisión ciudadana y la vigilancia periodística son clave para evitar que viejas redes políticas puedan influir en los procesos legales o penitenciarios.
