El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dejó claro el domingo 19 de julio de 2026 que su régimen no permitirá procesos electorales que amenacen el control del oficialismo, cerrando así cualquier puerta a la alternancia democrática en el país. Durante un acto masivo en Managua para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega afirmó sin ambages: “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”.
Este pronunciamiento se da en un contexto donde Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007, acompañado desde 2017 por su esposa Rosario Murillo, quien fue designada copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que ha sido ampliamente cuestionada por organismos internacionales como la ONU, la OEA y el Parlamento Europeo.
La reforma constitucional de inicios de 2025 no solo eliminó el equilibrio entre poderes al transformar el Estado y otorgar un poder casi absoluto a Ortega y Murillo, sino que también amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y creó la figura de “copresidenta”, un cargo sin precedente ni legitimidad electoral, según denuncias del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En enero de este año, Washington acusó a Murillo de haber inventado este cargo para consolidar el poder sin pasar por elecciones libres, señalando que “cobardemente” junto a Ortega han negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque saben que no podrían ganar en un proceso genuino.
Ortega también acusó a la oposición exiliada de estar “agazapada” y de buscar enriquecerse a través de unas elecciones que, según él, no se permitirán. Anunció además que trabajará con la Asamblea Nacional, subordinada al Ejecutivo, para legislar contra lo que llamó “golpistas” y “vendepatrias”, en una clara estrategia para blindar su régimen frente a cualquier intento de disidencia.
Aunque la Constitución establece que las elecciones generales deberían celebrarse en noviembre de 2026, la reforma pospuso el proceso hasta noviembre de 2027, consolidando así un mandato prolongado que aleja aún más la posibilidad de una transición democrática.
Este escenario confirma la profundización del autoritarismo en Nicaragua, donde el Estado se ha convertido en un instrumento para perpetuar un poder concentrado, mientras se desmantelan las garantías electorales y se reprime a la oposición. En un continente que ha visto avances y retrocesos en materia democrática, la situación nicaragüense representa un retroceso alarmante que pone en riesgo los derechos civiles y políticos fundamentales de su población.
