El fiscal federal de Texas, Aaron Reitz, contradijo ayer la narrativa oficial del gobierno estadounidense respecto al asesinato del migrante mexicano Lorenzo Salgado, al negar que este haya golpeado un vehículo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) antes de ser abatido por agentes de la dependencia.
Según Reitz, los agentes del ICE perseguían a dos hombres guatemaltecos que conducían una camioneta similar a la de Salgado, y que se parecían tanto a él como a su acompañante. Esta versión difiere del comunicado inicial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que señalaba a Salgado como el objetivo directo de una operación de control migratorio.
El fiscal detalló que cuatro agentes, distribuidos en dos vehículos policiales, rodearon la camioneta de Salgado. Dos oficiales descendieron y le ordenaron poner la marcha en Parking. Uno de ellos estaba “parcialmente dentro de la camioneta o inmediatamente al lado de ella” cuando Salgado intentó dar marcha atrás y luego avanzar, explicó Reitz. No obstante, el comunicado más reciente de la fiscalía no menciona ninguna colisión entre la camioneta de Salgado y los vehículos policiales, ni que el agente haya actuado en “defensa propia”. Tampoco se reportaron lesiones entre los agentes involucrados.
La identidad del agente que disparó y mató a Salgado Araujo no ha sido revelada, ni se ha precisado si fue la misma persona que estaba junto a la camioneta en el momento de los hechos.
Este caso se suma a otro incidente reciente en Biddeford, donde agentes del ICE asesinaron al migrante colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años. The Intercept reveló que, a diferencia de lo afirmado por el gobierno estadounidense, los agentes sí portaban cámaras corporales, pero estas “no podían encenderse”. Cuatro funcionarios de la agencia, que hablaron bajo anonimato, confirmaron que los agentes usaban micrófonos con altavoz remoto Motorola SVX Video, dispositivos inalámbricos con cámara, aunque sólo se empleaban como micrófonos para comunicación interna debido a limitaciones contractuales con la empresa Axon.
Este detalle pone en evidencia la falta de modernización efectiva en el equipo de vigilancia del ICE. A pesar de que la agencia anunció la compra y distribución de cámaras corporales para todos sus equipos de arresto, un documento del Departamento de Seguridad Interior indica que sólo el ICE planea invertir más de 100 millones de dólares en un contrato de seis años para radios inteligentes Motorola. Por su parte, Axon, empresa conocida por sus cámaras corporales y anteriormente llamada Taser, fue objeto de una solicitud pública del ICE para adquirir pistolas paralizantes por 220 millones de dólares. Curiosamente, dos semanas antes de esta solicitud, el expresidente Donald Trump compró acciones de Axon por un valor de 5 millones de dólares.
Estos hechos evidencian no sólo la opacidad en las operaciones del ICE, sino también la insuficiente transparencia y modernización en los mecanismos de control y rendición de cuentas en casos de violencia contra migrantes. En un contexto donde la movilidad y la protección de derechos humanos son urgentes, la implementación de tecnologías confiables y la supervisión efectiva son indispensables para evitar más tragedias.
