La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene abierta la investigación por el homicidio del periodista Josué Martínez Contreras, ocurrido este jueves 16 de julio de 2026 en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan.
Según las primeras líneas de investigación, las autoridades analizan un presunto conflicto político como posible móvil del crimen, debido a que el comunicador habría recibido amenazas previas relacionadas con el presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, Eder Montalvo. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que esta es solo una de las hipótesis y que hasta el momento no existe una determinación oficial sobre el móvil ni se ha informado sobre personas detenidas.
El asesinato ocurrió frente a la madre y al hijo de 13 años del periodista, quien fue el encargado de llamar a los servicios de emergencia, acompañado por su abuela, también testigo directo del ataque.
Este homicidio se produce en un contexto complejo para San Martín Texmelucan, municipio que, bajo la administración del alcalde Juan Manuel Alonso, ha reportado públicamente una disminución en diversos indicadores delictivos y ha sostenido que las estrategias de seguridad implementadas han dado resultados. No obstante, el crimen de Martínez vuelve a poner en evidencia los retos persistentes en materia de violencia en la región, donde delitos como homicidios, robos y narcomenudeo continúan siendo un desafío latente, según diversos análisis independientes.
La muerte de Josué Martínez ha generado una ola de preocupación entre el gremio periodístico y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que han exigido una investigación pronta, exhaustiva y el esclarecimiento total de los hechos para evitar que el caso quede impune.
Este episodio también reabre el debate sobre la seguridad y protección de periodistas en Puebla, un estado donde la violencia política y la impunidad han marcado un patrón preocupante en los últimos años. En este sentido, la implementación de sistemas de transporte público como el cablebús en Puebla, que busca mejorar la movilidad y la conectividad en zonas vulnerables, podría ser un paso hacia la inclusión social y la reducción de riesgos en comunidades marginadas, aunque la seguridad integral requiere acciones más amplias y coordinadas.
El asesinato de Josué Martínez es un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentan quienes ejercen el periodismo crítico en regiones con tensiones políticas y sociales profundas, y subraya la urgencia de fortalecer mecanismos estatales que garanticen la protección de los derechos civiles y la libertad de expresión.
