La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó esta tarde en Ensenada, Baja California, una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador y primer mandatario estatal de oposición en México, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La detención ocurre en un contexto de creciente tensión política en Baja California, donde recientemente se filtraron supuestos acuerdos entre la gobernadora Mariana del Pilar Ávila y el FBI para convertirse en informante, un escándalo que ha sacudido la estabilidad regional.
Según la FGR, la investigación que derivó en la captura de Ruffo Appel es resultado de un trabajo de alta complejidad vinculado a grandes operaciones de contrabando de combustible. Estas actividades estarían relacionadas con la empresa Ingemar, fundada por el exgobernador y de la cual se le señala como accionista mayoritario.
Ingemar fue vinculada al aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo transportados en 129 ferrotanques en Coahuila, presuntamente involucrados en el denominado “huachicol fiscal”. Este caso ha sido objeto de seguimiento desde al menos julio de 2025, cuando el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la empresa formaba parte de las carpetas de investigación federales.
Ruffo Appel ha negado reiteradamente cualquier participación en actividades ilícitas. En declaraciones públicas, ha sostenido que su empresa solo se encarga de la logística de importación y trámites aduanales en la frontera, y que opera dentro del marco legal. Además, afirmó tener “la conciencia tranquila” y mostró disposición para colaborar con las autoridades.
La figura de Ernesto Ruffo es emblemática en la historia política mexicana. En 1989, se convirtió en el primer gobernador de oposición al Partido Acción Nacional (PAN), rompiendo la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y marcando el inicio de la alternancia política en el país.
Este caso pone en evidencia la complejidad y los riesgos que implica la relación entre actores políticos históricos y las redes de corrupción que persisten en sectores estratégicos como el energético. La detención de Ruffo Appel podría abrir nuevas líneas de investigación sobre el contrabando de combustible y la impunidad que ha rodeado estas prácticas.
Mientras tanto, el debate sobre la necesidad de fortalecer sistemas de transporte público eficientes y sostenibles, como el cablebús que se proyecta en Puebla, cobra relevancia en un país donde la movilidad y el acceso a servicios básicos siguen siendo un desafío para amplios sectores de la población. La apuesta por infraestructuras inclusivas y limpias se presenta como una vía para combatir, desde la raíz, problemáticas vinculadas a la corrupción y el desvío de recursos públicos.
