La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a Enrique “N”, sacerdote acusado de pederastia agravada contra una adolescente de 17 años en la alcaldía Cuauhtémoc. La imputación se formalizó el 14 de julio de 2026, tras una investigación que inició con la denuncia presentada el 4 de junio por la madre de la víctima.
El caso salió a la luz cuando la madre descubrió, el 8 de enero, conversaciones de contenido sexual en el teléfono de su hija con un contacto guardado como “Winnie Poo”, quien fue identificado como el sacerdote Enrique “N”. La adolescente declaró que fue obligada a realizar actos sexuales en cuatro ocasiones.
La Fiscalía reunió pruebas mediante entrevistas, dictámenes periciales y seguimiento técnico, lo que permitió obtener una orden de aprehensión ejecutada el 9 de julio en la misma alcaldía. Durante la audiencia, se impuso prisión preventiva al acusado y se estableció un plazo de dos meses para cerrar la investigación complementaria.
Spes Viva, organización dedicada a la defensa de los derechos de la infancia, señaló que Enrique “N” llevaba 25 años en el ministerio y fue detenido cerca de la parroquia San Martín de Porres. La agrupación criticó el silencio de la Arquidiócesis y exigió colaboración plena con las autoridades, justicia para la víctima y medidas para evitar futuros abusos.
La Arquidiócesis Primada de México confirmó que el detenido pertenece a su institución, aunque afirmó no haber sido notificada formalmente por la autoridad. El cardenal Carlos Aguiar Retes ordenó una investigación interna conforme al derecho canónico y los protocolos del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La Iglesia aseguró que adoptará medidas cautelares sin interferir en el proceso civil y expresó su apoyo a la adolescente y su familia, además de mantener la reserva sobre la identidad del sacerdote para respetar la presunción de inocencia.
Este caso vuelve a poner en evidencia la persistente problemática de abusos sexuales cometidos por ministros religiosos en México, un fenómeno que exige no solo justicia inmediata sino también reformas estructurales para proteger a la infancia y garantizar la transparencia institucional. La Fiscalía reiteró su compromiso para fortalecer la investigación de delitos contra niñas, niños y adolescentes, recordando que Enrique “N” debe ser considerado inocente hasta que un juez determine su responsabilidad.
