La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, denunció que el exgobernador Jaime Bonilla orquestó una trampa para difundir audios en los que supuestamente filtraba información sensible. En una conferencia de prensa ofrecida este miércoles 15 de julio de 2026, la mandataria aclaró que las grabaciones datan de diciembre de 2025, cuando Bonilla le propuso una reunión con presuntas autoridades de Estados Unidos para tratar asuntos relacionados con su visa.
“Jaime Bonilla me ofreció reunirme con personas de Estados Unidos para platicar con el tema relacionado con mi visa. Tuve esa reunión, de la cual se han difundido ciertos fragmentos; fue una trampa”, afirmó. Según Marina del Pilar, quienes participaron en ese encuentro se hicieron pasar por intermediarios oficiales para crear un contexto engañoso que se refleja en los audios filtrados.
La gobernadora subrayó que la difusión de estas grabaciones busca construir una narrativa falsa para desacreditarla públicamente. Rechazó haber entregado información que comprometa la seguridad nacional o estatal, recordando que como gobernadora no tiene acceso a datos clasificados.
“Jamás he traicionado ni traicionaría a nuestra patria, nunca entregaría información que comprometa la seguridad nacional”, aseguró. Añadió que lo expresado en esos audios corresponde a una situación personal vinculada a su trámite migratorio y no implica subordinación ni entrega de información reservada que afecte al país.
Este episodio se suma a la compleja dinámica política en Baja California, donde las disputas internas han escalado en medio de procesos electorales y pugnas por el control del poder regional. La acusación de Marina del Pilar contra Bonilla refleja un intento por deslegitimar a su administración a través de tácticas cuestionables, en un contexto donde la transparencia y la defensa de la legalidad deberían prevalecer.
En un país donde la confianza en las instituciones se encuentra erosionada, este tipo de conflictos políticos evidencian la necesidad de fortalecer mecanismos que garanticen la integridad de los funcionarios públicos y la protección de sus derechos, sin caer en maniobras que dañen la estabilidad democrática.
