En un fallo dividido 6-3, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó el martes 30 de junio de 2026 las leyes estatales de West Virginia e Idaho que prohíben a atletas transgénero participar en competencias femeninas escolares, en un nuevo revés para los derechos de la comunidad LGBTQ+.
La decisión, redactada por el juez Brett Kavanaugh, sostiene que estas leyes no violan ni la 14.ª Enmienda, que garantiza la igualdad ante la ley, ni el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, que prohíbe la discriminación por sexo en la educación. Kavanaugh afirmó que “la Constitución y el Título IX no exigen una transformación de los deportes femeninos y para niñas en todo Estados Unidos”.
Aunque el juez expresó simpatía hacia las niñas y mujeres transgénero que desean competir, reconociendo que “su deseo de competir merece respeto” y que no deberían ser “marginadas ni vilificadas”, el fallo afecta directamente solo a West Virginia e Idaho, pero podría sentar precedente para otros 25 estados con prohibiciones similares.
Este veredicto se suma a una serie de decisiones recientes de la Corte Suprema, cuya mayoría conservadora 6-3 ha limitado derechos transgénero en ámbitos como tratamientos médicos para menores, políticas escolares y servicio militar. En contraste, la protección laboral para personas transgénero bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, reconocida en 2020, parece una excepción en este contexto.
Becky Pepper-Jackson, de 16 años y estudiante de preparatoria, y Lindsay Hecox, de 25 años y universitaria, fueron las demandantes en este caso. Ambas han recibido tratamientos hormonales y han competido en deportes femeninos, pero sus intentos de participar en equipos oficiales fueron bloqueados por las leyes estatales.
La ley de West Virginia, vigente desde 2021, define el sexo “basado exclusivamente en la biología reproductiva y genética al nacer”, mientras que la de Idaho, aprobada en 2020, prohíbe que estudiantes del sexo masculino compitan en deportes designados para mujeres o niñas.
Este fallo se produce en un contexto global de restricciones crecientes: el Comité Olímpico Internacional anunció en marzo que las mujeres transgénero ya no podrán competir en categorías femeninas en los Juegos Olímpicos, y organismos como la NCAA han impuesto nuevas limitaciones.
La administración Trump, que firmó en 2025 la orden ejecutiva “Keeping Men Out of Women’s Sports”, respaldó a los estados demandantes y ha promovido políticas restrictivas contra la participación plena de atletas transgénero.
En un momento en que la inclusión y la diversidad deberían ser pilares en la construcción de sociedades más justas, estas decisiones judiciales evidencian un retroceso en los derechos civiles de las personas transgénero, un grupo históricamente marginado y vulnerable. La discusión sobre la equidad en el deporte femenino debe equilibrar la competencia justa con el respeto a la identidad y los derechos humanos, un desafío que seguirá vigente en la agenda pública y legal.
