El gobierno de México, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), anunció la subasta de un terreno ubicado en el fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Tapalpa, Jalisco, donde Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, perdió la vida en un enfrentamiento con el ejército el 22 de febrero de este año.
El terreno, que forma parte de las incautaciones realizadas por distintas entidades del gobierno federal como la Fiscalía General de la República (FGR), tiene un precio base de venta de 12,939,520 pesos, equivalentes a casi 750,000 dólares. La propiedad será subastada a sobre cerrado el próximo jueves 28 de mayo, junto con otras 210 propiedades.
Aunque las autoridades no identifican la propiedad directamente con el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el terreno se localiza exactamente en la zona donde fue abatido “El Mencho”. Tras su muerte, ocurrida el 22 de febrero, el CJNG desató una ola de violencia con bloqueos y quema de vehículos en dos tercios del país, evidenciando el impacto nacional de la caída de uno de los capos más buscados.
El lote, de más de 13,000 metros cuadrados, fue transferido por la Tesorería de la Federación (Tesofe) y cuenta con título de propiedad y posesión. Según el Indep, la zona puede visitarse con cita previa, aunque advierte que no aceptará reclamaciones después de la venta ni asumirá responsabilidad por el uso que el comprador le dé al inmueble.
La subasta de bienes incautados a líderes del narcotráfico no es nueva en México. En años anteriores, el gobierno también puso a la venta casas que pertenecieron a Joaquín “Chapo” Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa, actualmente preso en Estados Unidos. Estas acciones forman parte de una política pública que busca devolver a la sociedad los recursos obtenidos ilícitamente, aunque persisten cuestionamientos sobre la transparencia y el destino final de los fondos recaudados.
La venta de este terreno, marcado por la muerte de “El Mencho”, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el papel del Estado en la administración y redistribución de los bienes confiscados al crimen organizado, así como la necesidad de fortalecer mecanismos de justicia y reparación social en un país históricamente golpeado por la violencia y la impunidad.
