Paulina González Garibay, quien se desempeñó como empleada en el área de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), específicamente en las Oficinas Divisionales de Puebla, percibió un ingreso superior a los 60 millones de pesos durante 2023, según su declaración patrimonial. Este monto, reportado en la declaración de modificación 2024, destaca por ubicarse muy por encima del salario regular de cualquier funcionario de la empresa productiva del Estado.
La controversia no termina ahí. Mediante una carta oficial fechada el 27 de febrero de 2025 y emitida por la División de Distribución Centro Oriente en Puebla, se le restringió el acceso a las instalaciones de la CFE. El documento, firmado por el Lic. Manuel Dehesa Toledo, jefe del Departamento de Servicios Generales de la División, instruyó a la empresa de seguridad Secumax a no permitir su ingreso “por ningún motivo”, enfatizando la solicitud de total discreción al personal de vigilancia.
La declaración patrimonial de González Garibay para 2024 revela que su Remuneración Anual Neta como funcionaria ascendió a $60,343,974 pesos mexicanos, sin que reportara otros ingresos por actividades adicionales. Este hecho resulta particularmente llamativo en un contexto donde los sueldos en el sector público —incluso en cargos de alto nivel— difícilmente alcanzan tales cifras.
Mientras tanto, más de 93 mil jubilados de organismos estatales como Pemex, CFE, Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro enfrentan reducciones de hasta 60% en sus ingresos tras la reforma al artículo 127 constitucional. Esta medida, vigente desde la administración actual, elimina las llamadas “pensiones doradas” e impone un tope máximo de $67,145 mensuales para 2026 —equivalente al 50% del salario neto del Presidente de la República—, con excepción de las fuerzas armadas.
El trasfondo de la reforma surge en medio de presiones fiscales y debates judiciales sobre la sostenibilidad financiera de los organismos estatales, bajo el argumento de alinear los pagos con la normatividad vigente. Sin embargo, la aplicación retroactiva sobre pensiones ya concedidas ha sido calificada por especialistas en derecho como una violación al principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional, generando incertidumbre y descontento entre los extrabajadores.
La disparidad entre la remuneración reportada por González Garibay y las condiciones de los jubilados pone en entredicho la equidad y transparencia en la administración de los recursos públicos. Este caso reaviva el debate sobre la necesidad de una reforma profunda al sistema de remuneraciones y pensiones en el sector público, así como la urgencia de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para evitar abusos que perpetúan la desigualdad y socavan la confianza ciudadana en las instituciones.
