El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, que establece nuevas obligaciones de vigilancia para bancos y entidades financieras en el manejo de transferencias internacionales. Aunque el documento, fechado el 19 de mayo de 2026, no menciona de manera explícita las remesas, sus disposiciones apuntan directamente al dinero que millones de migrantes mexicanos envían a sus familias cada mes.
La orden ejecutiva instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en un plazo de 60 días, un aviso formal a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados con las transferencias transfronterizas de bajo monto, el uso de plataformas de pago entre particulares y procesadores de pagos de terceros, así como la detección de patrones de retiros o depósitos repetitivos en montos pequeños vinculados a ciclos de nómina, práctica conocida como “estructuración”. Asimismo, la medida ordena reforzar los programas de identificación de clientes, incluyendo la posibilidad de que los bancos soliciten información sobre el estatus migratorio de los cuentahabientes cuando se detecten indicadores de riesgo.
El impacto sobre México —tercer receptor de remesas a nivel mundial— podría ser significativo. En 2025, el Banco de México reportó ingresos superiores a los 64 mil millones de dólares por este concepto, la gran mayoría provenientes de Estados Unidos. Si bien la orden ejecutiva no prohíbe el envío de remesas, abre la puerta a que los bancos endurezcan la vigilancia, exijan documentación adicional o incluso rechacen transacciones provenientes de migrantes sin estatus legal regular, quienes constituyen una parte considerable de quienes envían dinero a México.
Uno de los elementos más críticos del documento es la mención del ITIN (Individual Taxpayer Identification Number), utilizado por miles de migrantes indocumentados para abrir cuentas bancarias y realizar envíos internacionales. La orden indica que el uso del ITIN “puede identificarse como un factor de riesgo que requiere diligencia debida reforzada”, lo que, en la práctica, podría traducirse en mayores obstáculos para quienes dependen de este número para transferir recursos a sus familias.
En los próximos dos meses, reguladores como la Reserva Federal y la FDIC deberán emitir guías específicas sobre la gestión de riesgos crediticios asociados a la población migrante sin autorización de trabajo. Esto podría endurecer adicionalmente el acceso a créditos hipotecarios y préstamos para migrantes mexicanos en Estados Unidos, afectando no solo el flujo de remesas sino también la inclusión financiera de comunidades que históricamente han enfrentado barreras para acceder al sistema financiero formal.
En un contexto donde las remesas representan un salvavidas económico y social para millones de familias mexicanas, estas medidas refuerzan la tendencia de vigilancia y restricción que ha caracterizado la política migratoria y financiera estadounidense en los últimos años. El desafío para México y para los derechos civiles de los migrantes será defender la transparencia, la inclusión y la dignidad de quienes, pese a la adversidad, sostienen a sus comunidades a ambos lados de la frontera.
