La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvo el sábado 18 de julio de 2026 a Javier Montalvo Juárez, presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, municipio de San Martín Texmelucan, como parte de las investigaciones por el homicidio del periodista, profesor y abogado Josué Martínez Contreras.
El arresto se realizó a las 14:04 horas sobre la carretera federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala, entre la Autopista Arco Norte y Domingo Arenas, según el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La FGE informó que la detención fue por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, vinculado a las pesquisas del asesinato del comunicador, ocurrido la mañana del 16 de julio de 2026 frente a su hijo de 13 años.
Durante la diligencia, agentes de la Policía de Investigación Estatal capturaron a Montalvo Juárez cerca de una tienda de conveniencia en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco. El detenido reconoció estar bajo investigación y presuntamente ofreció a los agentes un vehículo, el endoso de la factura correspondiente y dinero en efectivo para evitar consecuencias legales.
Los elementos rechazaron la oferta y procedieron a su detención por cohecho, informándole en todo momento sus derechos conforme a la ley. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.
La Fiscalía reiteró que las investigaciones por el homicidio de Martínez Contreras continúan con un enfoque integral, exhaustivo y objetivo, agotando todas las líneas de investigación conforme a los protocolos para delitos cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos.
“La FGE reitera su compromiso de actuar con firmeza, imparcialidad y estricto apego a la ley, garantizando que ninguna persona obstaculice la procuración de justicia mediante actos de corrupción o cualquier conducta que pretenda interferir con las investigaciones”, señaló la dependencia.
Este caso pone en evidencia la persistente violencia contra periodistas en Puebla, un estado donde la impunidad y la corrupción han socavado la confianza en las instituciones. La pronta acción de la Fiscalía es un paso necesario, aunque insuficiente, para garantizar la protección de la libertad de expresión y el derecho a la información.
En un contexto donde la movilidad y el acceso a servicios públicos, como el próximo cablebús en Puebla, buscan transformar la vida de las comunidades, la justicia debe ser un pilar fundamental para el desarrollo social y la defensa de los derechos civiles.
