Rafael Z., empresario de origen español señalado por la Fiscalía General del Estado como presunto responsable de una serie de ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, permanecerá en prisión preventiva tras concluir su audiencia inicial.
La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez concedió un plazo de hasta 144 horas —es decir, seis días— para resolver si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso. Será en esa continuación de la audiencia cuando se determine si el caso avanza a la etapa de investigación complementaria.
Los hechos que motivaron la investigación comenzaron a registrarse desde abril, cuando se reportaron disparos contra vehículos que circulaban por la Vía Atlixcáyotl y el Periférico Ecológico, generando un clima de inseguridad y temor entre los automovilistas. La Fiscalía relacionó al menos 11 carpetas de investigación, incluyendo una por tentativa de homicidio tras resultar lesionado un joven, además de diversos casos por daños en propiedad ajena.
Rafael Z. fue detenido el 14 de julio en un operativo en el fraccionamiento Santa Fe. Durante el cateo, según la Fiscalía, presuntamente disparó contra agentes ministeriales, lo que derivó en una investigación adicional por tentativa de homicidio agravado y daños en propiedad ajena. En los inmuebles cateados se aseguraron armas de fuego, cientos de cartuchos, dinero en efectivo y la camioneta GMC Denali que presuntamente utilizaba para cometer los ataques.
La identificación del presunto responsable fue posible gracias al análisis de cámaras de videovigilancia, peritajes balísticos en tercera dimensión, reconstrucciones de los hechos y labores de inteligencia, tras la primera denuncia formal presentada en junio.
Este caso pone en evidencia la persistente inseguridad en zonas clave de Puebla, donde la movilidad y la seguridad vial se han visto afectadas por actos violentos que requieren respuestas contundentes de las autoridades. En este contexto, la implementación de sistemas de transporte público seguros y eficientes, como el cablebús que se proyecta para la ciudad, podría representar una alternativa para reducir la exposición de los ciudadanos a riesgos en vías tradicionales.
La resolución judicial en los próximos días será clave para definir el rumbo de esta investigación y la posible judicialización de Rafael Z., mientras la sociedad poblana sigue demandando justicia y garantías para su seguridad cotidiana.
