La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este lunes 13 de julio de 2026 su Recomendación 208VG/2026, un documento de 867 páginas en el que descarta la participación directa del Ejército en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.
El organismo cuestiona la hipótesis que durante años colocó a las fuerzas castrenses como actores centrales en el caso Iguala, señalando que esta narrativa debilitó las investigaciones contra policías municipales, autoridades locales y el grupo criminal Guerreros Unidos.
En el texto, la CNDH sostiene que no existen elementos probatorios suficientes para sostener que la desaparición masiva de los estudiantes haya sido resultado de una operación militar o una represión política diseñada para eliminar a los normalistas. “Mucho menos como ha quedado dicho, la existencia de un plan específicamente diseñado para hostigar y eliminar a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”, puntualiza el organismo.
No obstante, la Comisión reconoce la necesidad de concluir la investigación sobre una posible complicidad individual de mandos militares con Guerreros Unidos. La información más reciente consultada por la CNDH proviene de la Fiscalía General de la República (FGR) y data de septiembre de 2025, cuando se encontraban en proceso de integración y de instrucción diversas investigaciones contra elementos del Ejército por delitos como delincuencia organizada, desaparición forzada, homicidio calificado y tentativa de homicidio.
Las acusaciones contra militares, señala la CNDH, se basan principalmente en testimonios de testigos protegidos que fueron integrantes del grupo criminal, así como en conversaciones extraídas de teléfonos celulares, evidencias que han sido cuestionadas y en algunos casos invalidadas por distintos actores.
Por otro lado, la Comisión documenta que el día de los hechos, cuando los estudiantes descendieron del primer autobús, fueron recibidos con violencia por policías municipales de Iguala y Huitzuco, quienes los golpearon, sometieron y esposaron. También se confirma la presencia de disparos y actos violentos por parte de policías estatales y federales en puntos clave del recorrido de los autobuses.
Respecto a la responsabilidad en la desaparición, la Recomendación apunta a dirigentes de Guerreros Unidos en colusión con autoridades locales. Incluso cita un mensaje entre dos mujeres, Yaza y Karen, en el que se menciona que un hombre “muy enojado” habría ordenado “recuperar su mercancía y eliminar a todos a discreción”.
Este nuevo pronunciamiento de la CNDH se suma a la compleja trama de impunidad y omisiones que ha marcado uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en México, y pone en evidencia la necesidad de un enfoque integral que no se limite a señalar a un solo actor, sino que aborde las responsabilidades múltiples y estructurales que permitieron la tragedia.
