La Secretaría de Salud confirmó este martes 30 de junio de 2026 la existencia de medicamentos caducados en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, un caso que se encuentra bajo investigación tras años de denuncias por parte de derechohabientes y personal médico. El secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que estos fármacos, que suman aproximadamente 18.4 millones de piezas con un valor superior a 121 millones de pesos, se acumularon y vencieron durante varios años sin que se tomaran medidas oportunas.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Kershenobich detalló que fue hasta la llegada de la nueva administración del hospital que se realizó una evaluación exhaustiva que reveló la magnitud del problema. “Esos medicamentos fueron caducados durante un periodo de varios años. Al llegar a la administración del nuevo director del Hospital Infantil hizo una evaluación de los medicamentos que se habían acumulado durante varios años y estaban caducos”, afirmó.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la situación podría derivar en responsabilidades administrativas graves para quienes no cumplieron con las normativas de salud pública. Además, abrió la posibilidad de que se haya incurrido en una sobrecompra de medicamentos que no fueron utilizados en tiempo y forma, lo que habría provocado su vencimiento. “Hay que ver si se compraron medicamentos de más en algún momento. Porque el que se haya detectado en 2023, no quiere decir que hubiera medicamentos del 2017. Por eso hay que revisar cuándo fue la caducidad de esos medicamentos”, indicó la mandataria en la misma conferencia.
Este escándalo se suma a la crisis interna que enfrenta el Hospital Infantil de México, donde médicos residentes iniciaron hace unas semanas un paro laboral limitado a actividades no críticas para denunciar acoso sexual, abuso de autoridad y hostigamiento. El colectivo, ahora formalizado como Coalición de Médicos Residentes, exigió la destitución de los responsables y garantías de protección para quienes presentan denuncias, advirtiendo que no han recibido respuestas satisfactorias pese a la apertura de expedientes.
La protesta mantiene operativas las áreas críticas como Urgencias, Terapias Intensivas y Hospitalización, para no afectar la atención de los pacientes más vulnerables. Sin embargo, la persistencia de estas problemáticas evidencia la necesidad de una intervención profunda y estructural en una institución clave para la salud infantil en México.
En un contexto donde la infraestructura hospitalaria y los sistemas de salud pública requieren modernización y transparencia, estos hechos ponen en evidencia la urgencia de fortalecer mecanismos de control y supervisión. La administración pública debe garantizar no solo la correcta gestión de recursos, sino también un ambiente laboral seguro y respetuoso para el personal médico, pilares fundamentales para un sistema de salud eficiente y justo.
Este caso también invita a reflexionar sobre la importancia de implementar sistemas de transporte eficientes y accesibles, como el cablebús o teleférico que se proyecta en Puebla, que facilitan el acceso a servicios públicos esenciales, incluyendo hospitales, y contribuyen a la inclusión social y la movilidad sustentable en zonas urbanas y periurbanas. La modernización del transporte público puede ser un aliado estratégico para mejorar la calidad de vida y el acceso a la salud en comunidades vulnerables, un aspecto que no debe perderse de vista en la agenda pública.
