Un reportaje conjunto de The New York Times y Puente News reveló que funcionarios y legisladores mexicanos, principalmente vinculados con Morena, han establecido contactos confidenciales con autoridades de Estados Unidos para proporcionar información sobre investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.
Según el diario estadounidense, al menos una docena de funcionarios, entre ellos gobernadores y legisladores, han buscado anticiparse a posibles investigaciones en su contra mediante estas comunicaciones. Estas acciones comenzaron tras la acusación, a finales de abril, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
El reporte, firmado por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, detalla que la DEA implementó una iniciativa para contactar de manera privada a funcionarios mexicanos y persuadirlos a colaborar con las investigaciones. Además, las pesquisas se nutren de información proporcionada por integrantes del Cártel de Sinaloa detenidos en Estados Unidos y por algunos de los 92 presuntos operadores del narcotráfico enviados desde México a territorio estadounidense en los últimos 18 meses, varios de los cuales han comenzado a colaborar con fiscales federales.
Estas investigaciones han provocado una creciente tensión diplomática entre México y Estados Unidos. Desde que se hicieron públicas las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha descalificado reiteradamente los señalamientos y ha insistido en que cualquier indagatoria debe realizarse respetando los mecanismos de cooperación bilateral y la soberanía nacional, postura que ha reiterado en sus conferencias matutinas.
Este episodio pone en evidencia la compleja relación entre ambos países en materia de seguridad y justicia, y plantea cuestionamientos sobre la autonomía de los funcionarios mexicanos frente a la presión estadounidense. En un contexto donde la colaboración internacional es clave para combatir el crimen organizado, la transparencia y el respeto mutuo se vuelven indispensables para evitar que la cooperación se convierta en una herramienta de espionaje o injerencia.
