Este miércoles 17 de junio de 2026, Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, compareció en una nueva audiencia en el tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde la Fiscalía estadounidense solicitó que el jurado que lo juzgará sea anónimo y parcialmente aislado.
La petición, presentada formalmente en un documento la noche anterior, busca que los nombres, direcciones y lugares de trabajo de los candidatos y del jurado definitivo no se revelen ni a las partes ni a sus abogados. Además, se exige que los miembros del jurado sean trasladados diariamente por el Servicio de Alguaciles de EE.UU. y que permanezcan aislados del público durante el juicio.
La Fiscalía argumenta que estas medidas son indispensables para proteger la integridad del proceso y la imparcialidad del jurado, evitando cualquier tipo de acoso, intimidación o interferencia. Señala que el caso involucra cargos de “una gravedad excepcional” y que Caro Quintero cuenta con los medios y un historial comprobado para intentar influir en el proceso judicial, incluyendo el asesinato de un agente federal estadounidense y la continuación de actividades delictivas desde prisión en México.
En la audiencia de hoy, también se discutieron documentos y pruebas clasificadas que se presentarán durante el juicio. Aunque Caro Quintero se ha declarado no culpable hasta ahora, los fiscales dejaron abierta la posibilidad de negociar un acuerdo de culpabilidad.
El mexicano enfrenta cargos en Estados Unidos por dirigir una empresa criminal, asesinato —incluyendo el secuestro, tortura y homicidio del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985—, distribución internacional de narcóticos y uso ilegal de armas para promover el narcotráfico.
Caro Quintero, conocido como el ‘Narco de Narcos’, fue extraditado desde México junto a otros 28 cabecillas de distintos cárteles, entre ellos Vicente Carrillo Fuentes y los hermanos Treviño Morales, cofundadores del Cártel de los Zetas.
Este caso, que revive episodios oscuros de la historia del narcotráfico en México y Estados Unidos, pone en evidencia la complejidad y los riesgos que implica juzgar a figuras con amplio poder e influencia, lo que justifica las medidas excepcionales solicitadas por la Fiscalía para garantizar un juicio justo y seguro.
