El racismo y la discriminación estructural continúan determinando el acceso a derechos y oportunidades para los afromexicanos en México. Así lo advirtió Isabelle Mamadou, presidenta del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU, al concluir una visita oficial al país, donde señaló que el color de piel “aún se utiliza como criterio de sospecha” en controles policiales, migratorios y espacios públicos.
Acompañada de la experta Catherine Namakla, Mamadou subrayó que México enfrenta desafíos persistentes: invisibilidad estadística, acceso limitado a la justicia y servicios básicos, vulnerabilidad ambiental y la subrepresentación de los afromexicanos en espacios de toma de decisiones. La falta de datos desagregados, alertaron, debilita cualquier intento de diseñar políticas públicas eficaces y perpetúa las desigualdades.
“El perfilamiento racial sigue siendo endémico en el país. El color de piel continúa utilizándose como criterio de sospecha en controles policiales y operativos migratorios, en estaciones de autobuses y aeropuertos. México aún no sabe cuántas personas afrodescendientes desaparecen, migran o acceden a la justicia”, sostuvo Mamadou, en una declaración que encendió las alarmas sobre la realidad cotidiana de miles de mexicanos.
El grupo de la ONU urgió a implementar cambios estructurales profundos: reformas legales, políticas de justicia reparadora, actualización de planes de estudio, creación de una institución especializada y fortalecimiento de los mecanismos existentes para responder a las necesidades reales de los afromexicanos.
Aunque reconocieron avances como la reforma constitucional y una mayor visibilidad estadística, las especialistas advirtieron que “el reconocimiento sin implementación corre el riesgo de convertir un logro histórico en una promesa vacía, afianzando más la desigualdad en lugar de resolverla”. El histórico reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos, afirmaron, no puede quedarse solo en el papel, sino traducirse en representación, memoria histórica y un cambio real y transformador.
Durante su visita, las expertas escucharon reiterados llamados de las comunidades afromexicanas a establecer una nueva relación con el Estado, basada en participación plena, justicia territorial y desarrollo. Subrayaron que las políticas deben adoptar un enfoque diferenciado y antirracista, construido en consulta directa con las personas afectadas, en lugar de replicar marcos institucionales dirigidos a los pueblos indígenas.
Para saldar la deuda histórica, concluyeron, se requiere voluntad política sostenida, reformas estructurales y una participación significativa de los propios afromexicanos. El Grupo de Trabajo de la ONU presentará un informe completo sobre su visita al Consejo de Derechos Humanos en septiembre y octubre próximos, en un momento crucial para la agenda de derechos civiles y sociales en el país.
