La desaparición de Blanca Adriana Velázquez Montiel, ocurrida el pasado fin de semana en la ciudad de Puebla, ha desatado una profunda preocupación social y renovado el debate sobre la regulación y supervisión de las clínicas de belleza en México. Según la información disponible, Velázquez Montiel fue vista por última vez en la clínica Detox, ubicada en Calzada Zavaleta, donde acudió para realizarse una cirugía estética abdominal.
El caso tomó un giro inquietante cuando familiares de la desaparecida obtuvieron y difundieron un video de las cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes, tres personas —identificadas como la dueña de la clínica y supuesta doctora responsable de los tratamientos, su hijo y la recepcionista— son vistas retirando un bulto voluminoso, que se presume correspondería al cuerpo de Blanca Adriana, y cargándolo a un automóvil Mini Cooper.
De acuerdo con los testimonios, Blanca Adriana arribó a la clínica acompañada de su esposo. Durante el procedimiento, él fue enviado a comprar una faja postoperatoria; al regresar, su esposa ya no se encontraba en el lugar y el personal de la clínica no proporcionó explicaciones convincentes sobre su paradero. Ante la falta de respuestas, la familia recurrió a la revisión de los videos de seguridad y los hizo públicos para exigir justicia y visibilizar el caso.
Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un pronunciamiento oficial ni han informado sobre avances en la investigación. La aparente inacción institucional ha generado indignación en un contexto donde la desaparición de personas y la falta de regulación en clínicas privadas de salud constituyen problemas persistentes en el país.
Este caso pone en tela de juicio la supervisión estatal sobre el sector de la salud estética y subraya la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y protección para los usuarios. Asimismo, evidencia la importancia del acceso a la información y la participación activa de la sociedad civil en la exigencia de justicia, especialmente cuando las estructuras tradicionales parecen fallar en su función de resguardar los derechos y la seguridad de la ciudadanía.
