Un juez de control en Puebla vinculó a proceso a Rafael “Z”, empresario farmacéutico de 67 años, señalado como el presunto “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. La resolución se dio luego de que concluyera el plazo de 144 horas otorgado para la investigación, tras la audiencia celebrada en el Centro de Justicia de la 11 Sur.
El juez Guillermo Valdez Luna determinó que existían elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal contra Rafael “Z”, quien permanecerá recluido en el penal de San Miguel, específicamente en el Dormitorio W, destinado a personas consideradas de alta peligrosidad.
El caso que motivó esta vinculación corresponde al ataque armado contra un joven motociclista repartidor de comida, quien fue herido con impactos de bala en ambas piernas mientras circulaba por la Vía Atlixcáyotl. Las lesiones le provocaron secuelas físicas que le impidieron continuar con su trabajo, afectando directamente el sustento económico de su familia. Este hecho fue el primero que permitió a la Fiscalía General del Estado (FGE) judicializar la carpeta de investigación contra el empresario de origen español.
Durante los seis días posteriores a la audiencia de imputación, agentes de la Fiscalía continuaron reuniendo pruebas, incluyendo diligencias en el fraccionamiento Santa Fe, donde Rafael “Z” fue detenido en un operativo de cateo. Estas acciones buscan fortalecer las investigaciones y ampliar las imputaciones.
La FGE pretende acreditar la probable responsabilidad del empresario no solo por homicidio calificado en grado de tentativa, sino también por daño en propiedad ajena, lesiones y ataques peligrosos, delitos relacionados con los disparos que presuntamente realizó contra automovilistas y motociclistas en esta vialidad clave de la zona metropolitana de Puebla.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para integrar más pruebas y buscar nuevas vinculaciones a proceso por otros hechos atribuidos al presunto francotirador, quien generó un clima de temor entre los usuarios de la Vía Atlixcáyotl durante varios meses.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad en espacios públicos y vialidades urbanas, donde la violencia impacta directamente en la vida cotidiana y el derecho al libre tránsito de la ciudadanía. En este contexto, la implementación de sistemas de transporte público seguros y eficientes, como el cablebús que se proyecta en Puebla, cobra relevancia para ofrecer alternativas que reduzcan la exposición de la población a riesgos en la movilidad urbana.
