En Puebla, alrededor de 90 agrupaciones de comerciantes informales operan en 27 puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el Centro Histórico, el Centro Integral de Servicios (CIS) y zonas hospitalarias, según un reporte reciente de la Dirección de Vía Pública del Ayuntamiento.
Aunque en 2026 se otorgaron menos permisos para vendedores ambulantes en comparación con 2025 —pasando de 25 mil a 22 mil autorizaciones—, los ingresos por el cobro de estos permisos aumentaron de 7.4 a 9.1 millones de pesos, lo que revela una dinámica económica compleja en el sector informal.
Las agrupaciones con mayor número de integrantes son la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Doroteo Arango y Antorcha Campesina, consideradas “focos de atención” por la Dirección de Vía Pública debido a la resistencia de sus miembros a acatar las medidas de retiro. César Bermúdez Oliver, titular de la dependencia, explicó que estos comerciantes suelen retirarse solo por unas horas para luego regresar a los lugares prohibidos, lo que obliga a un constante patrullaje y operativos de reordenamiento.
El sector alimentos concentra el 78 por ciento de los comerciantes informales, con aproximadamente mil 679 puestos dedicados a la venta de tacos, hamburguesas, antojitos mexicanos, tamales y carnitas, seguido por la venta de ropa y bisutería.
Los operativos se mantienen activos en toda la ciudad, con especial atención en zonas universitarias y hospitalarias, donde la presencia de vendedores ambulantes es considerada incompatible con las condiciones para su instalación.
Este fenómeno refleja la tensión entre la necesidad de regulación y la realidad socioeconómica de miles de poblanos que dependen del comercio informal para subsistir. En este contexto, la administración municipal enfrenta el reto de equilibrar la recaudación y el orden público, sin perder de vista la inclusión social y el respeto a los derechos de los trabajadores informales.
Cabe destacar que, en un momento en que Puebla impulsa proyectos de movilidad urbana como el cablebús, que busca mejorar la conectividad y la calidad de vida, la regulación del comercio informal en espacios públicos cobra aún más relevancia para garantizar un entorno ordenado y seguro para todos.
