Este lunes 20 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum dio inicio al debate nacional sobre la regulación del uso de redes sociales e inteligencia artificial en niñas, niños y jóvenes, tal como había anunciado que haría una vez concluido el Mundial. En su conferencia de prensa matutina, la mandataria enfatizó la necesidad de construir una iniciativa basada en evidencia científica y consenso social, con el objetivo de mitigar los efectos nocivos del uso excesivo de estas tecnologías.
Sheinbaum advirtió que el uso prolongado de redes sociales puede generar adicción, describiendo cómo el “scrolling infinito” atrapa a los usuarios durante horas en busca de “likes” o validación social. “Puede estar ahí tres, cuatro o cinco horas”, ejemplificó, subrayando la urgencia de atender este fenómeno que afecta principalmente a la población joven.
La presidenta anunció que este tema será abordado cada lunes durante las conferencias matutinas, al menos durante un mes, con la intención de fomentar un diálogo abierto y plural. “Queremos que esta no sea una idea del gobierno hacia la sociedad, sino que se construya un consenso para poder regular la inteligencia artificial y, sobre todo, las plataformas”, afirmó.
Además, Sheinbaum hizo un llamado al Congreso para que realice sus propios foros y se sumen a la discusión. La mandataria confía en que la iniciativa pueda ser aprobada antes de que concluya el año.
En el contexto de esta discusión, destacó que 16 estados ya han implementado regulaciones sobre el uso de celulares en las escuelas, entre ellos Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Sonora, lo que refleja un avance en la protección de la infancia frente a la tecnología.
El próximo lunes 27 de julio, la presidenta adelantó que continuará informando sobre las evidencias científicas y las opiniones de distintos sectores involucrados en este proceso.
Este debate se inscribe en un momento crucial donde la expansión de la inteligencia artificial y las redes sociales plantea retos inéditos para la salud mental y la educación, y donde la intervención estatal se vuelve indispensable para garantizar derechos digitales y bienestar social.
