Una familia de San Lucas el Grande, en San Salvador El Verde, Puebla, denunció un presunto saqueo y abuso de autoridad durante un cateo realizado por elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) en la madrugada del 27 de marzo de 2026. Los afectados, dueños del Aserradero El Ciprés, aseguran que la diligencia carecía de fundamentos legales y que las autoridades actuaron con irregularidades graves.
Según relataron en redes sociales, alrededor de las 2:00 de la mañana, más de diez agentes armados arribaron con múltiples unidades al lugar, que también es su vivienda familiar. La familia, encabezada por Flor Ruiz y su madre, se resguardó en la azotea mientras los policías cateaban el inmueble y la propiedad. A su regreso, el padre fue impedido de ingresar y no se le mostró la orden judicial correspondiente.
Al bajar, la familia constató que cámaras de seguridad habían sido desactivadas y que objetos de valor, como joyas y dinero en efectivo, habían desaparecido. “Cuando me dirijo a mi cuarto veo desorden, ropa tirada, cosas, cajones abiertos. Observo que en mi vestidor ya no está donde yo guardaba mis ahorros… A mí hija también le robaron sus bolsas de mano, le robaron todas sus joyas”, narró la madre.
Además, el hermano de Flor fue detenido sin explicación, mientras que su esposa e hijos fueron encerrados en un vehículo y amedrentados con armas. La familia también denunció que sus vehículos particulares y varios camiones de carga del negocio fueron retirados sin justificación, a pesar de que uno de los choferes estaba presente.
La orden de cateo fue autorizada por el juez Arturo Barranco Montoya, quien, según la familia, está bajo investigación por la Fiscalía General de la República (FGR), aunque no se especificaron los motivos. La diligencia se basó en denuncias vecinales sobre adolescentes trabajando en el aserradero y la presencia de vehículos con vidrios polarizados y placas de otros estados, como Michoacán. El cateo se justificó bajo la sospecha de trata de personas con fines de explotación laboral de menores, conforme a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
Sin embargo, la familia sostiene que la Fiscalía negó la presencia de menores, no documentó varios objetos sustraídos, incluyendo los vehículos, y omitió la participación del Ejército, pese a que hay evidencia fotográfica y de video que contradice estas versiones. También cuestionan que solo seis personas, entre testigos y agentes, hayan sido consideradas en el proceso, cuando en realidad acudieron más del doble de elementos.
“Es este el tipo de servidores públicos que abusan de su autoridad, y jueces que autorizan cateos sin pruebas suficientes, basándose solo en testimonios sin analizar videos ni otras evidencias”, denunciaron.
La familia pide a la ciudadanía que conozca su caso para acceder a la justicia y poder reactivar su negocio, afectado por las irregularidades y la falta de transparencia en la actuación de la Fiscalía. Este episodio refleja una problemática recurrente en Puebla, donde la falta de controles y la opacidad en procedimientos judiciales y policiales afectan derechos civiles y la seguridad jurídica de las personas.
