El Tecnológico de Monterrey Campus Puebla extendió una invitación formal a Rafael N., señalado por la Fiscalía General del Estado como el presunto responsable de los ataques armados en la Vía Atlixcáyotl, para integrarse al Consejo de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Este hecho ocurrió semanas antes de su captura, el martes 14 de julio de 2026, y la invitación, fechada el 18 de junio de 2026, ya no está disponible en las plataformas institucionales de la universidad.
El documento, firmado por la directora general del Campus Puebla, Viviana Ortiz Meillón, y por el director de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, Jorge Antonil Reyes Avendaño, reconocía la “destacada trayectoria, liderazgo y contribución en el sector” de Rafael N., justificando su incorporación al órgano consultivo encargado de fortalecer la vinculación entre la academia y el sector productivo.
En el oficio, el Tecnológico de Monterrey destacaba que la participación de Rafael N. sería “clave” para consolidar la relación estratégica entre la universidad y el entorno empresarial, además de contribuir a definir objetivos y metas para el siguiente ciclo de trabajo de la Escuela de Ingeniería y Ciencias.
Este episodio se suma a la reciente reacción de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, que un día antes de la detención de Rafael N. eliminó de sus redes sociales las publicaciones donde aparecía junto al rector Raymundo Atanacio Luna durante la firma de un convenio de colaboración, y anunció que analizaba rescindir dicho acuerdo.
Hasta el momento, el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla no ha emitido un posicionamiento público para aclarar si Rafael N. llegó a incorporarse formalmente al consejo consultivo o si el proceso quedó sin efectos tras su detención.
La captura de Rafael N. se llevó a cabo la madrugada del martes 14 de julio de 2026 en el residencial Santa Fe, en San Andrés Cholula. La Fiscalía General del Estado lo señala como el presunto responsable de los ataques en la Vía Atlixcáyotl y confirmó que enfrentará una imputación por tentativa de homicidio, tras presuntamente disparar contra agentes ministeriales y elementos federales que ejecutaban la orden de aprehensión.
Este caso pone en evidencia la compleja relación entre instituciones académicas y actores del sector privado, y plantea cuestionamientos sobre los mecanismos de selección y supervisión en órganos consultivos que influyen en la formación de futuros profesionales. En un contexto donde la seguridad pública y la responsabilidad social deben ser prioritarias, la transparencia y el rigor institucional son indispensables para evitar que figuras cuestionadas puedan legitimar su imagen a través de espacios académicos.
