El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reapareció públicamente este jueves 9 de julio de 2026 para negar categóricamente que se encuentre bajo resguardo de fuerzas federales y afirmó que permanece en su casa.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Rocha Moya respondió a las versiones que circularon sobre un supuesto operativo federal que lo habría trasladado el pasado lunes, ante un presunto plan de extracción por parte de Estados Unidos. “Estoy en mi casa”, afirmó, y añadió: “No me protegen ni me resguardan elementos de corporación federal”.
Estas declaraciones se dan en medio de la controversia que ha generado la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que acusa al gobernador con licencia y a otros exfuncionarios de Sinaloa de mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Tras estas acusaciones, Rocha solicitó licencia para facilitar las pesquisas de la Fiscalía General de la República.
En las semanas recientes, la información sobre su esquema de seguridad ha sido contradictoria. En mayo, la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que Rocha había solicitado protección federal tras separarse del cargo, un procedimiento habitual para personas bajo análisis de riesgo. Sin embargo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró posteriormente que Rocha no cuenta con protección federal ni solicitó medidas de seguridad al Gabinete de Seguridad, y señaló que desconocía si sus escoltas pertenecían al gobierno estatal.
La reaparición de Rocha Moya ocurre en un contexto de creciente debate sobre la transparencia y el manejo institucional del caso, luego de que el Gobierno federal reservara información diplomática relacionada con la investigación, lo que ha provocado críticas de la oposición y especialistas en transparencia.
Este episodio refleja la complejidad política y judicial que enfrenta Sinaloa, un estado históricamente marcado por la influencia del narcotráfico y la tensión entre autoridades locales, federales y extranjeras. En este escenario, la claridad y el acceso a la información pública se vuelven esenciales para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar el respeto a los derechos civiles.
