La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHE) abrió una investigación formal tras la difusión de un video que exhibe presuntos actos de tortura cometidos por policías municipales de Coquimatlán contra un detenido.
El material audiovisual, publicado por la página “Alerta Coquimatlán”, muestra a una persona con las manos atadas a la espalda mientras dos agentes realizan prácticas que la CDHE ha calificado como tortura. La autenticidad del video fue confirmada por la Comisión, que levantó la queja CDHE/1V/139/2026 y notificó formalmente al Ayuntamiento de Coquimatlán.
El municipio tiene un plazo de 24 horas, es decir, hasta este viernes 26 de junio de 2026, para presentar un informe detallado sobre los hechos.
En un comunicado, la CDHE condenó enérgicamente la tortura, calificándola como “una práctica repugnante que debe combatirse con firmeza, sancionarse a los responsables y erradicarse de la función pública”. La Comisión subrayó que “no hay espacio para la tortura en un estado que se precie de ser democrático y no debe haber espacio en la función pública para torturadores”.
Por su parte, el Ayuntamiento de Coquimatlán emitió un posicionamiento en sus redes sociales en el que aseguró que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal involucrados serán investigados y enfrentarán consecuencias jurídicas y administrativas.
“En esta administración no seremos omisos ante ninguna conducta que pudiera contravenir la ley, los reglamentos o los principios que deben regir el servicio público. Nuestro compromiso es actuar con responsabilidad, transparencia y estricto apego al marco legal”, afirmó el gobierno municipal.
Además, adelantó que “actuaremos con firmeza, respetando en todo momento el debido proceso y garantizando que cualquier conducta indebida sea investigada y atendida conforme a derecho”. Reiteró su compromiso con la protección y el respeto de los derechos humanos, “velando siempre por la dignidad, la integridad y las garantías de todas las personas”.
Este caso se suma a una larga lista de denuncias sobre abusos policiales en México, donde la tortura sigue siendo una práctica persistente que desafía los principios democráticos y los derechos fundamentales. La pronta intervención de la CDHE y la exigencia de transparencia son pasos necesarios para evitar la impunidad y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
