La filial mexicana de Adidas se encuentra en el centro de un escándalo por explotación laboral y desvío de recursos públicos en Naupan, Puebla, donde más de 150 bordadoras nahuas fueron sometidas a condiciones precarias para confeccionar el jersey alternativo “Artisan JSY” de la Selección Mexicana.
Aunque la marca alemana promocionó el proyecto como un ejemplo de comercio justo, testimonios recabados por la promotora cultural Luz Valdez revelan que la producción estuvo a cargo de la startup Someone Somewhere, empresa intermediaria que operó bajo un esquema de maquila coercitiva y despojo cultural.
Para cumplir con las auditorías de Adidas, Someone Somewhere usurpó la Casa de la Cultura de Naupan, un inmueble público, y la convirtió en planta de producción privada, instalando relojes checadores y controlando estrictamente las jornadas laborales, que incluían solo una hora para comida y carecían de prestaciones legales. Además, se documentó el desabasto de insumos básicos en los sanitarios y el incumplimiento de un seguro médico privado que la empresa presumía en sus reportes.
El pago a las artesanas fue raquítico: entre 25 y 36 pesos por hora, a pesar de que las prendas se venden en tiendas hasta en 5 mil pesos. Las bordadoras debían entregar al menos dos jerseys terminados cada cinco horas, y cualquier error en la calidad era castigado con rehacer la pieza sin remuneración adicional, descontando incluso el costo del material de sus salarios.
Desde el punto de vista cultural, la especialista Tatiana Bernaldez calificó el proyecto como un “atropello”, pues se eliminó la técnica ancestral del “pepenado de hilván” propia de la Sierra Norte. Adidas rechazó el bordado tradicional en Hong Kong y obligó a las artesanas a aprender técnicas ajenas a su cosmovisión, como el punto francés y el punto de arroz, para acelerar la producción.
La presión y las condiciones laborales provocaron que varias bordadoras abandonaran el taller y buscaran trabajo externo con otra marca del Mundial que pagaba 400 pesos por pieza. En respuesta, Someone Somewhere despidió a las inconformes y las obligó a firmar contratos de exclusividad que les prohíben trabajar con Adidas durante cinco años, bajo amenaza de demandas legales.
Luz Valdez denunció que la empresa no paga a los artesanos que aparecen en su publicidad y que los contratos incluyen la cesión de derechos de imagen, evidenciando un uso mercantilista y abusivo de la cultura indígena.
El secretario de Cultura de Puebla, Fritz Glockner, reconoció que las transnacionales buscan transformar el valor cultural en valor de cambio, pero admitió que la dependencia estatal carece de facultades para sancionar a particulares. Por su parte, la Secretaría de Cultura federal se deslindó del conflicto, calificándolo como un “trato comercial entre particulares”.
Este caso expone la persistente vulnerabilidad de los pueblos originarios frente a la apropiación cultural y la explotación laboral, y cuestiona la responsabilidad social de las grandes marcas en proyectos que deberían promover la justicia y el respeto a los derechos colectivos.
