Una familia de San Lucas el Grande, en San Salvador El Verde, Puebla, denunci\u00f3 un presunto saqueo y abuso de autoridad durante un cateo realizado por elementos de la Fiscal\u00eda General del Estado de Puebla (FGE) en la madrugada del 27 de marzo de 2026. Los afectados, due\u00f1os del Aserradero El Cipr\u00e9s, aseguran que la diligencia carec\u00eda de fundamentos legales y que las autoridades actuaron con irregularidades graves. <\/p>\n
Seg\u00fan relataron en redes sociales, alrededor de las 2:00 de la ma\u00f1ana, m\u00e1s de diez agentes armados arribaron con m\u00faltiples unidades al lugar, que tambi\u00e9n es su vivienda familiar. La familia, encabezada por Flor Ruiz y su madre, se resguard\u00f3 en la azotea mientras los polic\u00edas cateaban el inmueble y la propiedad. A su regreso, el padre fue impedido de ingresar y no se le mostr\u00f3 la orden judicial correspondiente. <\/p>\n
Al bajar, la familia constat\u00f3 que c\u00e1maras de seguridad hab\u00edan sido desactivadas y que objetos de valor, como joyas y dinero en efectivo, hab\u00edan desaparecido. \u201cCuando me dirijo a mi cuarto veo desorden, ropa tirada, cosas, cajones abiertos. Observo que en mi vestidor ya no est\u00e1 donde yo guardaba mis ahorros… A m\u00ed hija tambi\u00e9n le robaron sus bolsas de mano, le robaron todas sus joyas\u201d, narr\u00f3 la madre. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el hermano de Flor fue detenido sin explicaci\u00f3n, mientras que su esposa e hijos fueron encerrados en un veh\u00edculo y amedrentados con armas. La familia tambi\u00e9n denunci\u00f3 que sus veh\u00edculos particulares y varios camiones de carga del negocio fueron retirados sin justificaci\u00f3n, a pesar de que uno de los choferes estaba presente. <\/p>\n
La orden de cateo fue autorizada por el juez Arturo Barranco Montoya, quien, seg\u00fan la familia, est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), aunque no se especificaron los motivos. La diligencia se bas\u00f3 en denuncias vecinales sobre adolescentes trabajando en el aserradero y la presencia de veh\u00edculos con vidrios polarizados y placas de otros estados, como Michoac\u00e1n. El cateo se justific\u00f3 bajo la sospecha de trata de personas con fines de explotaci\u00f3n laboral de menores, conforme a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. <\/p>\n
Sin embargo, la familia sostiene que la Fiscal\u00eda neg\u00f3 la presencia de menores, no document\u00f3 varios objetos sustra\u00eddos, incluyendo los veh\u00edculos, y omiti\u00f3 la participaci\u00f3n del Ej\u00e9rcito, pese a que hay evidencia fotogr\u00e1fica y de video que contradice estas versiones. Tambi\u00e9n cuestionan que solo seis personas, entre testigos y agentes, hayan sido consideradas en el proceso, cuando en realidad acudieron m\u00e1s del doble de elementos. <\/p>\n
\u201cEs este el tipo de servidores p\u00fablicos que abusan de su autoridad, y jueces que autorizan cateos sin pruebas suficientes, bas\u00e1ndose solo en testimonios sin analizar videos ni otras evidencias\u201d, denunciaron. <\/p>\n
La familia pide a la ciudadan\u00eda que conozca su caso para acceder a la justicia y poder reactivar su negocio, afectado por las irregularidades y la falta de transparencia en la actuaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda. Este episodio refleja una problem\u00e1tica recurrente en Puebla, donde la falta de controles y la opacidad en procedimientos judiciales y policiales afectan derechos civiles y la seguridad jur\u00eddica de las personas.<\/p>\n