En la Barranca de Santa Rita, municipio de Tacámbaro, Michoacán, se localizó una fosa clandestina con al menos 375 cuerpos, según estimaciones del colectivo “Buscando Cuerpos”. Este hallazgo, que confirma la magnitud de la violencia y la impunidad en la región, incluye restos óseos de bebés de apenas tres años, lo que profundiza la tragedia humanitaria que enfrentan las familias buscadoras.
La cifra se basa en el conteo de huesos sacros, una pieza ósea única por individuo, debido a la fragmentación constante de los restos, explicó Margarita López Pérez, activista, madre buscadora y exlegisladora local. En las recientes jornadas de excavación en el predio conocido como “La Parotita”, se recuperaron también mandíbulas y fragmentos craneales infantiles, además de indicios biológicos recientes como tejidos con cabello, que serán analizados en laboratorios especializados de la Ciudad de México para cotejar perfiles genéticos con familiares de desaparecidos.
López Pérez advirtió que las labores de recuperación y análisis forense en esta mega fosa se prolongarán al menos tres años más, dada la densidad de restos humanos enterrados. Criticó además la falta de un esquema de seguridad permanente en el perímetro, responsabilidad del presidente municipal sustituto, Alejandro Fuerte García, lo que pone en riesgo la integridad de la escena y dificulta el trabajo de las familias.
Este caso refleja también la ausencia de un marco legal específico en Michoacán para la búsqueda de personas desaparecidas. Durante su gestión como diputada local, López Pérez impulsó una Ley de Búsqueda basada en la normativa federal y consensuada con organizaciones civiles, pero fue vetada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. La activista atribuye esta decisión a un bloqueo político, no a deficiencias técnicas, ya que se atendieron todas las observaciones planteadas.
La falta de legislación local precariza las labores de los colectivos en dos aspectos fundamentales: limita el acceso a recursos logísticos y operativos para explorar nuevas zonas con indicios biológicos, y elimina mecanismos legales para sancionar a funcionarios que obstaculizan o dilatan las investigaciones.
Este hallazgo en Tacámbaro no solo desnuda la crisis forense y la violencia estructural en Michoacán, sino también la omisión institucional que perpetúa la impunidad y el sufrimiento de miles de familias. En un contexto donde el Estado debería garantizar justicia y verdad, la ausencia de políticas públicas efectivas y la falta de voluntad política agravan la tragedia.
Mientras tanto, la sociedad civil continúa su búsqueda incansable, enfrentando no solo la violencia criminal, sino también la indiferencia y el bloqueo institucional que obstaculizan la reparación del daño y la memoria de las víctimas.
