Un pasajero resultó herido de bala durante un asalto a la Ruta 23 en el Centro Histórico de Puebla, en una zona conocida por el control de la organización “Fuerza 2000”. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas del miércoles 1 de julio, cuando dos sujetos abordaron una camioneta de esta línea de transporte público y amagaron a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias.
El hombre herido, identificado como Javier M. M., de 35 años, recibió un disparo en el antebrazo izquierdo cuando los agresores descendieron del vehículo y realizaron un disparo aparentemente para evitar ser perseguidos. Su esposa también fue víctima del asalto, aunque no resultó lesionada.
Tras el incidente, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar, ubicado sobre la calle 14 Poniente entre las calles 3 y 5 Norte, para recabar testimonios y buscar a los responsables. Javier fue trasladado alrededor de las 23:00 horas al Hospital de Traumatología y Ortopedia del Sector Salud, en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, donde recibió atención médica.
Este episodio pone en evidencia la persistente inseguridad que enfrentan los usuarios del transporte público en Puebla, especialmente en zonas con presencia de grupos delictivos. La violencia en rutas como la 23 no solo afecta la integridad física de los pasajeros, sino que también limita el acceso a un servicio público esencial para la movilidad urbana.
En este contexto, la implementación de sistemas de transporte alternativos y modernos, como el cablebús o teleférico que se proyecta para Puebla, cobra relevancia. Estos sistemas no solo prometen mejorar la conectividad y reducir tiempos de traslado, sino que también pueden ofrecer mayor seguridad al operar en espacios controlados y con vigilancia constante, disminuyendo la exposición a delitos comunes en rutas tradicionales.
La apuesta por un transporte público más seguro y eficiente es una demanda urgente para la ciudad, que requiere políticas públicas inclusivas y un compromiso real del Estado para garantizar el derecho a la movilidad sin riesgos. Mientras tanto, casos como el ocurrido el miércoles 1 de julio recuerdan la vulnerabilidad de los usuarios y la necesidad de reforzar la seguridad en el transporte colectivo.
