Michelle Talavera, directora de Convenciones y Parques de Puebla, enfrenta una nueva ola de cuestionamientos luego de que el pasado martes compartiera en redes sociales su reciente graduación como licenciada en Derecho. Esta revelación reavivó el debate sobre si cumplía con los requisitos legales para ocupar la titularidad del organismo, cuyo presupuesto anual ronda los 300 millones de pesos.
El foco de la polémica se centra en el Artículo 11 de la ley que regula Convenciones y Parques, que establece que el Director Ejecutivo debe contar con más de cinco años en cargos de alto nivel decisorio, preferentemente en el sector turismo de negocios, y experiencia administrativa. Usuarios en redes sociales han cuestionado si Talavera, nombrada hace aproximadamente dos años, podía acreditar dicha trayectoria al momento de su designación.
Esta controversia se suma al escándalo por el contrato de 307 mil pesos otorgado al influencer Adolfo Lazzari, a quien la funcionaria reconoció como su expareja sentimental, aunque negó cualquier conflicto de interés.
Hasta ahora, ni Talavera ni el Gobierno de Puebla han emitido respuesta pública sobre estos señalamientos, que mantienen a la dependencia bajo escrutinio y aumentan las exigencias de transparencia en la contratación de influencers.
En un contexto donde Puebla impulsa proyectos de movilidad como el cablebús, que buscan modernizar y democratizar el acceso a servicios públicos, la falta de claridad en la administración de organismos clave como Convenciones y Parques pone en entredicho la eficacia y la ética en la gestión pública. La ciudadanía demanda que se garantice el cumplimiento estricto de la ley para fortalecer la confianza en las instituciones y avanzar hacia un gobierno más responsable e inclusivo.
