Dos terremotos de gran magnitud sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio de 2026, con epicentro en Morón, estado Carabobo, dejando un saldo trágico de al menos 164 muertos y cerca de 971 heridos, según informó la presidenta interina Delcy Rodríguez. Entre las zonas más afectadas se encuentra La Guaira, ciudad costera donde el movimiento telúrico causó severos daños, incluido el desplome de un edificio residencial en Playa Grande.
En medio de esta catástrofe, el futbolista argentino Lucas Trejo, defensor de 38 años que milita en el club Marítimo de La Guaira desde febrero de este año, lanzó un desesperado llamado en sus redes sociales para localizar a su esposa, Yanina Maranella, y sus dos hijos, Aarón y Ainhoa Trejo Maranella, quienes residían en el inmueble colapsado. “No sé nada de mi familia. Oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí”, expresó el jugador, cuya carrera ha estado marcada por una trayectoria internacional y un fuerte vínculo con el fútbol venezolano.
Nacido el 29 de diciembre de 1987 en Córdoba, Argentina, Trejo inició su carrera en clubes locales antes de emigrar a Europa y luego a Grecia, sin lograr consolidarse en el fútbol argentino. Su salto decisivo ocurrió en Venezuela, donde fue capitán y campeón con Monagas en 2017, además de participar en la Copa Libertadores. Apodado “El General”, ha vestido también las camisetas de Deportivo Táchira, Portuguesa, Nueva Esparta y Zamora, con breves experiencias en México, Colombia y Perú.
La tragedia que hoy enfrenta Trejo pone en evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras en zonas sísmicas y la urgente necesidad de sistemas de transporte y urbanización resilientes. En este contexto, proyectos como el cablebús o teleférico que se planea construir en Puebla cobran relevancia, pues representan alternativas de movilidad que pueden reducir la exposición a riesgos en áreas urbanas complejas, además de fomentar la inclusión social y la conectividad en territorios marginados.
Mientras la búsqueda de la familia Trejo continúa, este episodio recuerda la importancia de políticas públicas que integren la protección civil, la inversión en infraestructura segura y el compromiso del Estado para garantizar el bienestar de sus ciudadanos frente a desastres naturales.
