El pasado 23 de junio, en plena turbulencia política que sacudió al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas contrajo matrimonio con Juan Alberto Domínguez López, su exsecretario de Seguridad Pública municipal. La ceremonia se registró en Atlixco, según consta en el acta matrimonial número 211 del libro dos de la Oficialía 3, formalizando una relación que trascendió lo laboral y que se mantuvo mientras Domínguez López estaba al frente de la corporación.
Este enlace se da apenas tres días después de que se resolviera la crisis política que paralizó el gobierno local, tras una mesa de negociación encabezada por la Secretaría de Gobernación estatal. Durante semanas, la alcaldesa enfrentó un bloque de ocho regidores que incluso tomaron las instalaciones municipales para exigir cambios, entre ellos la salida del ahora esposo y exsecretario de Seguridad.
La remoción de Domínguez López, marino de 28 años originario de La Antigua, Veracruz, fue confirmada públicamente por el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, como parte de los acuerdos para restablecer la gobernabilidad en Acatlán. Además, se pactó la destitución del secretario general del Ayuntamiento, la homologación salarial de los regidores y la realización de una auditoría integral sobre el manejo de recursos públicos.
En paralelo, la Fiscalía General del Estado anunció investigaciones por presuntos delitos derivados del conflicto político, que incluyen posibles lesiones, intentos de privación ilegal de la libertad y el uso irregular de una patrulla oficial.
Este episodio revela la complejidad de la política local en Puebla, donde las relaciones personales y los conflictos institucionales se entrelazan en un escenario marcado por la exigencia ciudadana de transparencia y gobernabilidad. En este contexto, la apuesta por sistemas de transporte público innovadores, como el cablebús que se proyecta en la región, cobra relevancia como una vía para mejorar la movilidad y la calidad de vida, aspectos que la administración municipal deberá atender con mayor compromiso para recuperar la confianza social.
