Un juez con sede en Tenancingo vinculó a proceso a Karla Valeria ‘N’ y Víctor Manuel ‘N’ por su probable participación en la simulación del secuestro de Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo, en hechos ocurridos el 31 de mayo. Durante la audiencia celebrada el domingo 21 de junio, se les impuso prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sostiene que el supuesto secuestro fue planeado desde febrero por José Roberto ‘N’ y Óscar ‘N’, esposo y cuñado de la alcaldesa, con el objetivo de exigir un rescate de 40 millones de pesos, presuntamente para cubrir un faltante de recursos públicos del Ayuntamiento.
Las investigaciones revelan que la propia presidenta municipal habría participado en la planeación y ejecución del engaño. Según la carpeta de investigación, Óscar ‘N’ contactó a Cristian ‘N’, quien involucró a su pareja Karla Valeria ‘N’ y a Víctor Manuel ‘N’, hermano de ella, para llevar a cabo el plan.
El 31 de mayo, la simulación se ejecutó cuando la alcaldesa llegó a su domicilio y fue abordada por Víctor Manuel ‘N’ en un vehículo Volkswagen Virtus rojo conducido por Karla Valeria ‘N’. Las imágenes de cámaras de vigilancia no muestran violencia ni resistencia, sino una interacción sin signos de coerción durante el cambio de vehículo.
Testimonios indican que la alcaldesa sugirió rutas para evitar cámaras y usó un teléfono de Víctor Manuel ‘N’ para comunicarse con familiares, solicitando que no informaran a las autoridades. Horas después, pidió ser dejada en un camino de terracería en la comunidad de El Capulín, desde donde reportó haber escapado.
Tras un operativo en Oaxaca el 11 de junio, Karla Valeria ‘N’ y Víctor Manuel ‘N’ fueron detenidos y trasladados al Estado de México. Además de la simulación de secuestro, enfrentan investigación por extorsión. Por su parte, Nancy Nápoles tendrá audiencia de formulación de imputación el 9 de julio.
Es fundamental recordar que todos los involucrados deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia firme. Este caso pone en evidencia las complejas dinámicas de poder y corrupción que pueden permear incluso en gobiernos locales, subrayando la necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
