La diputada local de Morena en Puebla, Nora Escamilla, se convirtió en el centro de una polémica que va más allá de un accesorio costoso: un reloj Longines Primaluna Moonphase valuado en aproximadamente 31 mil 500 pesos. La controversia, que estalló tras la publicación de una fotografía en redes sociales el pasado martes 9 de junio de 2026, ha puesto en evidencia las inconsistencias en la declaración patrimonial de la legisladora y, por extensión, la fragilidad del discurso de austeridad y transparencia que Morena ha promovido desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder.
El debate comenzó cuando el usuario Jorge Gómez Naredo exhibió en Twitter la imagen de Escamilla portando el reloj, acompañada de un comentario irónico sobre la “austeridad republicana”. La diputada respondió con sarcasmo, defendiendo que el reloj es de su propiedad y está declarado públicamente, enfatizando que la austeridad no implica renunciar a bienes adquiridos legalmente con el fruto del propio trabajo.
Sin embargo, esta defensa abrió una revisión más profunda de su declaración patrimonial pública, donde no se encontró referencia específica al reloj ni detalles sobre su valor. El denunciante señaló que la versión pública solo incluye dos muebles sin especificar su valor, lo que alimentó la crítica sobre la falta de transparencia real en las declaraciones de los servidores públicos.
Este episodio revela una tensión histórica en Morena: la austeridad republicana, que se ha convertido en un símbolo político y moral para diferenciarse de gobiernos anteriores, choca con la realidad de sus propios representantes. La exigencia ciudadana no es solo legalidad, sino congruencia y claridad en la rendición de cuentas.
Aunque no hay indicios de irregularidades en la adquisición del reloj, la percepción pública se ve afectada cuando la defensa oficial no logra disipar dudas sobre la veracidad y detalle de las declaraciones patrimoniales. En un contexto donde el movimiento ha basado su legitimidad en combatir privilegios y excesos, este tipo de controversias minan la confianza y ponen en jaque la narrativa de austeridad.
Este caso invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para que la austeridad no sea solo un discurso, sino una práctica palpable que incluya a todos los niveles del poder, incluyendo a quienes se presentan como sus principales defensores.
