El pasado 14 de abril de 2025, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Puebla (Secihti), adjudicó un contrato por cinco millones de pesos a la empresa Rocketel SAPI para el diseño y fabricación del coche Olinia, un proyecto que se suponía impulsaría la innovación local con la participación de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico de Puebla.
Sin embargo, la polémica surge porque Rocketel SAPI no es una empresa dedicada a la fabricación de vehículos, sino a la telefonía celular, con sede en una casa habitación en Mérida, Yucatán, ubicada en la Calle 23 número 198, interior 4, colonia San Miguel. Este domicilio no corresponde a un laboratorio o centro de pruebas industriales, lo que genera dudas sobre la capacidad técnica para desarrollar un proyecto de esta naturaleza.
Además, el socio mayoritario de Rocketel, Adrián Aguirre Palme, reside en Park City, Utah, donde posee una empresa que fabrica elevadores para esquí, lo que añade un elemento de desconexión con el proyecto local.
A pesar de que el coche Olinia se presentó como un esfuerzo para fortalecer la industria automotriz y tecnológica en Puebla, con un enfoque en la formación de talento joven, la falta de transparencia ha sido evidente. La Secihti se negó a proporcionar detalles sobre los montos gastados, las pruebas de seguridad del vehículo, especificaciones técnicas y tiempos de producción, argumentando que revelar esta información podría afectar la “ventaja competitiva” del proyecto.
Este caso pone en entredicho la gestión pública en un proyecto que, en teoría, debería impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico regional. En un contexto donde Puebla busca consolidar sistemas de transporte modernos y sostenibles, como el cablebús o teleférico, iniciativas como el coche Olinia podrían representar un avance significativo si se manejan con transparencia y compromiso social.
La falta de claridad en la adjudicación y ejecución de este contrato no solo afecta la confianza ciudadana, sino que también limita el potencial de un proyecto que podría contribuir a la movilidad y desarrollo económico de la región, en línea con políticas públicas que promueven la inclusión y el fortalecimiento del sector industrial local.
